NICOLÁS ANTONIO JOSÉ PEINADO VALENZUELA

Nacido en Moya a finales del Siglo XVII. Bautizado en la Iglesia de San Juan por un pariente suyo del mismo nombre.

Casado con Rosa María Miranda Tristán del Pozo, matrimonio que tuvo dos hijos: Nicolás Mariano José Esteban Peinado Miranda y María Josefa Peinado Miranda (1754-1819) casada el 30 de Enero de 1766 en Ciudad de México, Distrito Federal con Domingo Rábago Gutiérrez, Conde Rábago.

Hay pocos datos relativos a su infancia y estudios que profesó antes de adquirir fama como ingeniero y experto en el proceso de acuñación de monedas en las Cecas de Cuenca, Sevilla, Madrid y fundamentalmente en México.

	Obra suya en Moya parece ser el reloj de la Iglesia de Santa María. Maquina de principios del siglo XVIII averiado a principios del Siglo XX reconstruido a principios del Siglo XXI por los profesores y alumnos de la Escuela de Relojería del Instituto la Mercé de Barcelona. El proyecto de restauración fue realizado por el Profesor D. Ramón Beserán Claret y el alumno D. Miguel Angel González Muñoz. El reloj se encuentra instalado en su emplazamiento original. Su inauguración tuvo lugar en el LIII Septenario del año 2004.
	Hombre de profundas convicciones religiosas poco antes de su muerte remitió a su hermano Antonio que residía en Moya los fondos necesarios para crear un Pía Memoria que costeara los estudios de Gramática, crear una escuela de niños y otra de niñas. La escritura se firmó el 7 de Junio de 1760 ante el notario Juan Francisco Zamorano.
	Los patronatos por los que se regía la Pía Memoria eran tres:

a) Patronato de sangre: Antonio Peinado y sus sucesores legítimos

b) El Cabildo de Señores Curas y beneficiados de la villa.

c) El Ayuntamiento.

El administrador solía ser un escribano o notario de Moya, si bien pronto se acostumbró a que fuera uno de los preceptores de Gramática o maestro de primeras letras.

Esta forma de gobierno fue la primera y que más o menos llega hasta 1800, pues sabemos que ya en 1816 el tal Patronato se denominaba Junta, a la que pertenecían todos los miembros de ambos cabildos y además un secretario.

El Maestro de Gramática debía enseñar gratis a los hijos de la villa y a los parientes del otorgante dentro del 4º grado de cosanguinidad. El horario escolar era de tres horas por la mañana y tres por la tarde. En verano de 7 a10 y de 3 a 6 y en invierno de 8 a 11 y de 2 a 5. Se le exigía cumplir con dos misas: una rezada el día de San Nicolás de Bari y otra cantada en la Parroquia de San Juan el dia de San José.

El maestro de escuela solo estaba obligado a enseñar gratis a quince niños pobres, también durante seis horas diarias aunque por las mañanas empezaban una hora más tarde en razón de la edad de los escolares

Las enseñanzas consistían en leer, escribir y contar. Los Sábados por la tarde se estudiaba el Catecismo del Padre Ripalda y los Domingos debía asistir el maestro a la catequesis en la Parroquia de Santa María. Todas las tardes de los viernes de cuaresma, antes de entrar en la escuela, debía rezar con los niños un largo Vía-Crucis. Los días festivos asistían a cuantas procesiones y rosarios se celebran. Tanto los maestros como los niños tenían la obligación de rezar un Padre Nuestro, Ave María y Gloria al acabar la escuela, por su fundador y decir cuando sonaba el reloj bendita y alabada María.

La cátedra de Gramática venía a ser una Cátedra de Humanidades-equivalente a una segunda enseñanza elemental- con la que, gracias a la fundación de Nicolás Peinado Valenzuela, Moya pudo atender este nivel de cultura a la que accedieron notables profesores como D. Jácome Capistrano de Moya, graduado en Alcaláde Henares, investigador y correspondiente de la Real Academia de la Historia.

Con los fondos de que disponía la Pia Memoria se concedían créditos e hipotecas con el fin de sufragar los gastos de la misma. Destacamos como ejemplo el concedido a Tuéjar.
Aunque la iglesia estaba prácticamente terminada, aún faltaban cosas importantes, entre ellas, terminar la torre, colocar las campanas, el reloj, y otras menores, que años después se realizarían, a costa de grandes sacrificios.
Los gastos de la construcción, que fueron muy cuantiosos para aquel tiempo, fueron sufragados una parte por los vecinos y otra, con dinero que se tomó a censo en la villa de Landete, del fondo de las "Memorias Pías", fundadas por don Nicolás Peinado Valenzuela, en dicho pueblo.

Este censo se continuó pagando hasta el año 1.927, en que ambos ayuntamientos (Landete y Tuéjar) acordaron, mediante el pago de cierta cantidad, redimir definitivamente dicho gravamen. No se cuenta con el documento de la constitución por lo que no se puede conocer la cantidad que se tomó, pero el documento referente al mismo asunto, dice: "En la villa de Tuéjar, a 7 de mayo de 1.848, ante los señores don José Aguilar, alcalde, y demás señores que componen el Ayuntamiento, celebrando sesión ordinaria en la sala capitular, se presentó don Cesáreo Muñoz, vecino del lugar de Landete, con poderes autorizados por don Manuel José Almonacid, escribano público, otorgados por los patronos de las Memorias Pías, fundadas por don Nicolás Peinado Valenzuela, autorizándole para hacer la recaudación del censo que esta villa responde a dicha fundación. Habiéndose procedido a la liquidación de atrasos y corriente, hasta el año 1.847, se ha visto que esta villa adeuda la cantidad de dos mil reales. Como quiera que en el acto se le entregan cuatrocientos, resulta un déficit de mil seiscientos reales, acordando que esta cantidad, se le satisfará, la mitad por la Virgen de Tejeda, y lo restante por la fiesta de Todos los Santos de este corriente año. Así lo han convenido unos y otro, obligándose a cumplirlo, firmando los que saben, y el señor Cesáreo. De todo lo cual certifico. Ante mí, Juan Vicente Ramada, Alcalde don José Aguilar; Comisionado, Cesáreo Muñoz."

Labor de D. Nicolás Peinado en las Casas de la Moneda

Las casas de la moneda van incorporando instrumentos para lograr más calidad y seguridad en su uso. La fuerza humana se acompañó de la fuerza hidrúlica para mover la maquinaria en el tratamiento de los metales. Los ingenieros franceses llegan a Madrid en 1707, fabrican las máquina y enseñan el oficio a los madrileños. También llega la tecnología alemana que junto a la barcelonesa se sumaron al proceso de perfección y mejora en la acuñación de moneda.

	Un salto importante se dió a partir de 1728. La moneda con el uso y el cercén sufría pérdida de peso y deterioro en su presentación. Por R.D. de 8 de Septiembre, Felipe V dio órdenes para que se acuñara una nueva moneda que fuera más bella, más perfecta y más fiable, es decir se dió primacía a la calidad. Se prohibió la acuñación a martillo y se obligó a usar prensas y volantes.
	El Sr. Peinado Valenzuela estuvo en la Casa de la moneda en Cuenca como técnico superior colaborando con su director Juan de Antequera hasta 1728 en que se cerró llevando la maquinaria y material a Madrid.

Trabajó asimismo en las cecas de Madrid y Sevilla antes de su nombramiento como Director de la casa de la moneda de México.

El 23 de Julio de 1730 Nicolás Peinado es nombrado por Su Majestad Director de la fábrica de labor de moneda de la Real Casa de de la Ciudad de México.
La introducción de la nueva maquinaria, el adiestramiento de los trabajadores y la puesta en marcha del nuevo sistema de acuñación requerían de un perito con autoridad, conocimientos y experiencia. El elegido fue Nicolás Peinado Valenzuela con el cargo de "Director". Nombramiento muy peculiar porque aunque en principio debía encargarse solamente de los aspectos técnicos, en muchos aspectos sus responsabilidades se sobreponían con las del Superintendente. En caso de no haber una exacta correspondencia entre ambos habría inevitablemente serios conflictos que fue exactamente lo que ocurrió.

Benito Jerónimo Feijóo, en su Theatro Crítico Universal incluyó a Peinado entre los inventores que defendían el honor del ingenio español contra las calumnias de los extranjeros. Dijo de éste "natural de la villa de Moya, en el obispado de Cuenca, que era de profesión matemático, ingeniero agudísimo, y maestro principal de moneda que ha sido en el real ingenio de Cuenca donde adelantó y perfeccionó poco ha una preciosísima de que para este efecto se servían en Holanda y Portugal, con que le quitó el riesgo que tenía para los obreros, la hizo de más dulce y fácil manejo; y lo más admirable es que habiendo aumentado la potencia matriz de la máquina, lo que necesariamente hace más tardo el movimiento, se logra sin embargo tirar una cuarta parte más de plata que antes".

La Casa de Moneda de México existía desde 1571 como un anexo en el lado norte del Palacio de los Virreyes. La importancia de la minería novohispana la había convertido, a finales del siglo XVI y a lo largo del siglo XVII, en pieza central de la política hacendaria española. A pesar de ello, a partir de 1729 las reformas borbónicas establecieron: 1) que el privilegio de acuñar concedido a particulares desapareciera y 2) que se modificaran los sistemas de acuñación hacia un sistema de carácter industrial ("la nueva labor de moneda circular" y el "cordoncillo al canto").

Al año siguiente, 1730, el Superintendente de la Real Casa de Moneda de México, José Fernández Veitia, y el nuevo director de la misma Nicolás Peinado Valenzuela iniciaron el proceso para la construcción de nueva planta, puesto que en el viejo no existía espacio suficiente para la maquinaria reciente.   La construcción de las nuevas máquinas de acuñación comenzó en Febrero de 1731, mientras que la obra arquitectónica se inició el 16 de Abril de ese mismo año. El edificio y todo el instrumental de acuñación estaban terminados ya el 16 de Diciembre de 1734.

Su esposa María Rosario de Miranda y su hija Dª María Peinado permanecieron en España. Don Nicolás se ocupó de proveer por ellas, pidiendo al rey que se le entregaran directamente parte de sus ingresos. Peinado llegó y tomó posesión de su cargo en septiembre de 1730, con un sueldo anual de 2400 pesos. Dos años después pidió y obtuvo una gratificación de 2 000 pesos por una vez, en razón de sus aportes a la mayor perfección, ahorro y utilidad de las labores, y en 1745 se le subió el sueldo a 3000 pesos. Con él arribaron su teniente o ayudante, don Alonso García Cortés, y el tallador Francisco Monllor. Peinado era seguro de sí mismo, despreciativo de las costumbres locales, impaciente con las objeciones, y estaba dispuesto a pasar por encima de todos los obstáculos para tener éxito en su comisión.

Para empezar, se enemistó con el virrey marqués de Casafuerte, acusándolo ante la Real Junta de Comercio y Moneda por su escasa y tibia colaboración. Luego escribió a España para quejarse del superintendente Veytia porque supuestamente conspiraba en su contra, en consorcio con los demás ministros de la Real Casa (a los que denunció además por un supuesto fraude en contra de la Real Hacienda), y del secretario del virrey.
Casafuerte perdió la paciciencia, dijo que Peinado faltaba al respeto a su superior inmediato, le ordenó guardar prisión domiciliaria y se abstuviera de ejercer su oficio.

El repentino fallecimiento de Casafuerta en 1734 salvó a Peinado, quien encontró en el sucesor previsto el pliego de mortaja el Arzobispo Vizarrón y Eguiarreta.

El nuevo virrey informó a la Corte en términos muy elogiosos sobre su desempeño y conducta, y por contra representó que el superintendente Veytia se conducía como “despótico” y “absoluto”, dejando caer además insinuaciones sobre posibles abusos, sobornos y “distracciones” de caudales Las cosas llegaron al grado de que Veytia exigió a Peinado se la hiciera llegar por escrito. El ministro José Patiño actuó con cautela, ordenando por un lado a Veytia que se sometiera como debía a la autoridad superior, pero previniendo a Vizarrón que obviara discordias y buscara el acuerdo con el superintendente. Tuvo también Peinado que afrontar la resistencia de los capataces y operarios al establecimiento del nuevo sistema. Para obviar esta oposición, decidió contratar trabajadores externos. Esto motivó la protesta formal, en octubre de 1732, de los capataces, acuñadores y oficiales brazajeros, porque de la cantidad de moneda acuñada dependían directamente sus ingresos. Las quejas tuvieron el interesado apoyo del tesorero de la Real Casa, Joseph de Medina y Saravia, despojado de su antigua autoridad. Al final, lo único que obtuvieron los trabajadores fue que se les ordenara someterse a las nuevas ordenanzas. Peinado asimismo fue responsable de lo que podría llamarse la primera (pero no la última) huelga en la historia de la Casa de Moneda. En efecto, el 29 de noviembre de 1732, con su habitual minuciosidad y carácter abrasivo, se puso a discutir con un oficial de carpintero acerca de una pieza de un molino que en su opinión estaba mal cuadrada. La discusión sobre este asunto menor subió de tono, Peinado montó en cólera, le dio al trabajador un golpe con el bastón que solía traer, y lo amenazó con darle 200 palos. Como consecuencia, los doce carpinteros contratados se negaron a continuar con la obra y se presentaron respetuosamente ante el superintendente para decir que tenían “por más conveniente no seguir trabajando que exponerse a tales ajamientos y malos tratos”, y que así lo habían ya hecho tres oficiales a los que Peinado había dado de bastonazos. Agregaron que sería “muy útil y conveniente a la Real Hacienda que dicho director no se meta en nada, pues no sirve de otra cosa que de atarantar a los oficiales y no dejarlos trabajar por estar como azorados por los palos que ha dado a dichos oficiales”. Veytia les ordenó volver a sus labores sin dilación, advirtiéndoles que los haría responsables de los perjuicios que ocasionara su ausencia, pero al mimo tiempo les prometió que si había motivo para que fuesen corregidos, se haría sin violencias.

El carácter indispensable de los conocimientos y experiencia de Peinado pueden apreciarse en la evolución posterior del cargo de fiel de moneda, un nuevo oficio responsable de las fundiciones y la acuñación. De manera transicional, se decidió que no quedaría como los demás cargos convertido en un funcionario asalariado, sino que correría por un contrato o "asiento", rematado en quien hiciera la mejor oferta. En 1732 le fue adjudicado a Alonso García Cortés quien anteriormente se había desempeñado como “teniente” o ayudante de Peinado y pagador de la construcción de la obra material de la Real Casa. En 1741 Peinado obtuvo el contrato y lo mantuvo, en sucesivas negociaciones (a pesar de otras propuestas concurrentes) hasta su fallecimiento, en 1762. Las condiciones especificaban su obligación de labrar la moneda de acuerdo a las ordenanzas, circular, blanqueada, acordonada y acuñada a la perfección, por lo cual se le pagarían 23 ½ maravedíes por marco de moneda de plata gruesa (esto es, pesos y medios pesos), 26 maravedíes por la de plata menuda (de a dos, de a un real y de medio real), y cinco reales por la de oro, de cualquier denominación. Además, quedaría a su favor el aumento de peso de la moneda derivado de las 20 ochavas de cobre que se agregaban en la religa de la fundición.

Desde luego, permanecería con un sueldo propio de 3 000 pesos, que se le había concedido al inicio de sus labores en la ceca. Podía proponer candidatos a ocupar el cargo de fundidor de cizalla y a su ayudante, para que el superintendente informara al virrey, que era quien a fin de cuentas realizaba el nombramiento; pero no podría despedirlos. En cambio, podría prescindir de los servicios de cualquier otro empleado a su servicio, como los guardas de vista, acuñadores y brazajeros, sin necesidad de especificar el motivo. Se especificaban asimismo los jornales de los operarios, pero tendría la facultad discrecional de otorgarles “ayudas” según los méritos y habilidades de cada uno de ellos (de hecho, el fiel daba “gratificaciones” secretas, probablemente a los operarios que eran sus informantes o denunciaban robos o irregularidades). Todos los salarios y jornales correrían de su cuenta, excepto los del fundidor de cizalla y su ayudante.

Las cláusulas que fueron objeto de discusión fueron la posibilidad del fiel de aumentar o disminuir los jornales de los operarios a su arbitrio, para compensar las variaciones en el precio de la plata (lo cual se consideró inconveniente) y el carácter independiente y no removible del fundidor de cizalla, que se consideraba necesario para prevenir posibles fraudes. Al final de su contrato, que sería de ocho años (pero que fue invariablemente renovado), Peinado debía entregar las oficinas, muebles e instrumentos en buen estado; sólo serían atribuibles a la Real Hacienda algunas reparaciones de los molinos y las mejoras que, en su caso, fuesen aprobadas por el virrey, previa consulta del superintendente e informe del contador. Pidió, finalmente, que entre los honores acordados se le siguiera llamando “director”, y no solamente “fiel de moneda” lo cual se le concedió. Para respaldar su responsabilidad, debería entregar una fianza por valor de 30000 pesos, repartida entre 15 fiadores. Como esto se mostró muy difícil de obtener por lo “vidrioso y arriesgado” del empleo, y porque había muchos casos en que los fiadores de cargos públicos habían sido sometidos a embargos y vejaciones, ofreció dejar en depósito la totalidad de la fianza, lo cual se le aceptó.

En 1756, Peinado tuvo un episodio de una “enfermedad grave” en la cual tuvo que ser sustituido temporalmente por Francisco Guerra Manzanares, como “interventor”. Falleció en 1762 de una apoplejía. Las protestas y la persecución judicial del pasado como era de esperarse, los antiguos oficiales de la ceca protestaron enérgicamente y expusieron todos los problemas que la “nueva planta” traería consigo. Encabezados por el tesorero Medina y Saravia, el 19 de febrero de 1729 pidieron que se suspendiera la aplicación de las nuevas ordenanzas.

Decían que no era justo y sería “cosa lastimosísima” que 110 oficiales menores y operarios, que sostenían a padres, mujeres e hijos, y que vivían de por sí con notable estrechez, fuesen abandonados como imperitos e inútiles para el nuevo método de producción, dado que no tenían práctica con los nuevos ingenios y artificios. Aun los oficiales mayores sufrirían con el cambio, porque la nueva labor de molinos no sería capaz de rendir ni la décima parte de la producción anterior, porque como la misma ordenanza decía, sería “más prolija, costosa y detenida”; y al depender sus ingresos de la producción de moneda, inevitablemente se reducirían sus beneficios. Bajaría, además, el valor monetario de la sucesión de los oficios, porque éste dependía de los ingresos esperados.

Por esta razón los quejosos se atrevían (entre muchas protestas de respeto y veneración al monarca) a hablar de “defraudación”, porque los contratos obligaban tanto más al príncipe que a los vasallos. Pronosticaban, incluso, la ruina de la minería, porque la mayor dilación de la amonedación dificultaría el avío que se requería de manera siempre urgente para evitar la suspensión. de las labores de las minas, con el consiguiente riesgo de que se anegaran y perdieran, con irreparable perjuicio del público y del rey.      Incluso el tráfico transatlántico tendría graves problemas, porque los comerciantes siempre tenían breve plazo para la venida, estadía, negociación y retorno, por lo cual requerían que se convirtiera las barras en moneda con toda premura.

Defendían, en fin, la calidad y buena hechura de la moneda mexicana, comparándola con ventaja con la que se producía en la metrópoli. Los oficiales mayores, que ya sabcasa de moneda de méxico de las labores de las minas, con el consiguiente riesgo de que se anegaran y perdieran, con irreparable perjuicio del público y del rey. Incluso el tráfico transatlántico tendría graves problemas, porque los comerciantes siempre tenían breve plazo para la venida, estadía, negociación y retorno, por lo cual requerían que se convirtiera las barras en moneda con toda premura. Defendían, en fin, la calidad y buena hechura de la moneda mexicana, comparándola con ventaja con la que se producía en la metrópoli. Los oficiales mayores, que ya sabían desde 1729 que sus días estaban contados al frente del establecimiento, tuvieron que coexistir con el superintendente, de modo que no era claro a quien correspondían las diferentes funciones y responsabilidades.

Había una situación ambigua en un contexto donde existía una notoria mala voluntad entre las partes, lo cual se manifestaba en pequeños roces cotidianos. Un ejemplo es lo ocurrido el 25 de febrero de 1729, cuando el tesorero Medina y Saravia nombró como capataz de una de las hornazas al “pardo” o mulato don Joseph Cayetano de Alemán, y así lo informó al virrey para recibir el correspondiente despacho de confirmación, como lo obtuvo. Sin embargo, al presentarlo “políticamente”, esto es por cortesía, al director Veytia, éste se negó a recibirlo, argumentando que el despacho no estaba dirigido a él, y en todo caso era su facultad averiguar la suficiencia y calidad de los capataces antes de solicitar la confirmación. El virrey determinó que en lo inmediato se diera posesión a Alemán, y que en lo futuro se procediera como pedía el superintendente. Las protestas contra la intervención gubernamental no se limitaron al interior de la Casa de Moneda, sino que se extendieron fuera de sus muros

Los mercaderes de plata resentían y temían la compra directa de plata por la institución, que afectaba uno de los fundamentos de su poder económico; pensaban que sería imposible recuperar los avíos ya hechos a los mineros porque éstos obviamente preferirían vender su plata sin descuento alguno. De hecho, la producción se detuvo casi tres meses a principios de 1729. Valdivielso y Fagoaga representaron que no introducían plata porque estaban a la espera de la resolución sobre la nueva labor, pero obviamente se trataba de una manera de presionar a los funcionarios por un flanco que les era muy sensible. Como concesión, se estableció en 1732 que el establecimiento solamente recibiría metales de aquellos productores que no recibían financiamiento de los aviadores, para no afectar el debido pago de sus deudas, porque la producción minera “no se conseguiría sino a costa de muchos pesos y avíos que daban y arriesgaban los mercaderes o individuos del comercio”.

También muchas personalidades públicas, por vínculos de interés o amistad con los afectados, o simplemente por desconfianza hacia los ímpetus centralizadores de los nuevos gobernantes, pusieron toda clase de reservas al nuevo plan. Un oidor, Prudencio Palacios, fue severamente amonestado por oponerse a la reincorporación de los oficios. Incluso el arzobispo Vizarrón y Eguiarreta se interesó por la suerte de las obras pías y corporaciones (como, notablemente, los carmelitas del Santo Desierto) que eran propietarias en todo o parte de varios oficios.

Corrían toda clase de rumores, como el de que se prohibiría la circulación de plata en pasta quintada, que inquietó mucho a los comerciantes gaditanos; se decía también que el público se rehusaría a aceptar la nueva moneda (de menor ley) y que las cosas podrían llegar a una conmoción popular. Como consecuencia de estas actitudes y conflictos, Veytia pasó sus malos ratos, y en 1733 se quejaba al rey de “la emulación [esto es la hostilidad] de que estaba cercado, siendo el blanco de las iras de todos”. Como puede apreciarse, la “nueva planta” provocó resistencias, que se hicieron aún más enconadas por las resultas de un proceso judicial.

En 1728 una partida de monedas enviadas a Sevilla había sido encontrada falta de peso y de ley. Los mil pesos, que debían haber registrado en la balanza 119 marcos y 3 onzas, llegaban solamente a 117 marcos. El virrey Casafuerte recibió una real orden para que iniciara una pesquisa sobre el asunto, agregándose además otra acusación: que en la Casa de Moneda se había introducido subrepticiamente la práctica de acuñar 68 reales por marco, en vez de los 66 supuestamente previstos. El virrey dio comisión a Veytia Linage, quien inició una pesquisa reservada que pronto se transformó en una acusación pública y formal en contra del tesorero, Joseph Diego de Medina y Saravia; el convento de carmelitas, como dueño que era del oficio de ensayador; el tallador Pedro de Valdivielso y Tagle; el balanzario Manuel Cayetano de Elizaga; los guardas mayores, que eran Juan Antonio de Urrutia y Arana y Damián Pérez Bello; y contra el escribano, Mateo de Picardo.

En muchos casos no eran personajes de segundo rango. El tallador Valdivielso y Tagle era nieto del primer propietario del oficio, el rico mercader Pedro Sánchez de Tagle, el hijo del banquero Francisco de Valdivielso; Juan Antonio de Urrutia era benefactor de Querétaro, Caballero de la orden de Alcántara y Marqués de Villa del Villar del Águila. Y, desde luego, la orden del Carmen era muy respetada e influyente. Aunque realmente los presuntos responsables eran el tesorero y el ensayador, el juez consideró que todos los oficiales de la ceca eran culpables, ya que habían jurado guardar y hacer guardar las ordenanzas. Por si fuera poco, también acusó a los mercaderes de plata Francisco de Valdivielso, Isidoro Rodríguez de Lamadriz y Francisco de Fagoaga (quien tenía la concesión del Apartado del oro desde 1718).

Después de un año de minuciosas y, como decían los acusados, “exquisitas” averiguaciones, Veytia pidió la prisión y embargo de bienes de todos los oficiales mayores, concediéndoles diferentes sumas para “alimentos” correspondientes a sus personas y empleos. Ante las críticas de que esto causaría escándalo en la ciudad y afectaría la buena marcha de la producción, se limitó a aseverar que el oficio de un magistrado era la justicia y no la misericordia, y que en todo caso el virrey podría nombrar oficiales interinos.

Respecto de los banqueros, solamente se les exigió una fianza para mantenerse en libertad, tanto porque no era su directa responsabilidad ajustar la moneda como porque “si con ellos se intentase hacer novedad por el mismo hecho cesaría universalmente en este reino la labor de las minas, porque de sus dos bancos pende el avío y corriente de ellas, son como unos arcarios generales de los mineros, a quienes adelantan y suplen muchas cantidades y el beneficio público que proviene de esto no necesito yo ponderarlo”. Para nuestros intereses, son más importantes las acusaciones en contra de los oficiales. Los cargos principales eran el defecto de peso y de ley de la moneda, y que ilegalmente habían aumentado la “talla”o cantidad de reales que se sacaban de un marco de plata, pasando a 68 reales; así como otras acusaciones derivadas y menores, como carencia de ley de la cizalla, incumplimiento de la asistencia cotidiana a sus obligaciones y deficiente estampa de la moneda.

En realidad, los cargos fundamentales pueden reducirse a uno: la cantidad de reales que se obtenían por marco de plata. Como ya hemos visto, el valor del marco pagado al introductor era de 65 reales. En España, por las ordenanzas de los Reyes Católicos, se agregaba un real de braceaje (lo cual fue la base de la acusación). Las proclamadas por el virrey Antonio de Mendoza, en 1535, mandaban aumentar el braceaje a tres reales, aunque en los hechos no se cobraron más que dos. A partir de 1615 se aumentó un real por concepto de señoreaje, y así se siguió hasta 1698, en que este impuesto pasó a recaudarse directamente en las reales cajas de cada yacimiento minero. La talla debería haber quedado entonces en 67 reales, pero no fue así. Según Elhuyar, fue entonces que este real adicional pasó a pagarse a los introductores; según otra versión, esto ocurrió hasta 1723, cuando el balanzario sustituyó los dinerales (las pequeñas pesas que servían para cotejar el peso adecuado de los pospeles) de tal manera que en adelante salieron 68 reales por marco.

Como las monedas se entregaban por peso, y no por conteo unitario, ni el ensayador (que solamente certificaba la ley) ni los mercaderes debían haber notado que había más reales por marco de plata entregado. Es sin embargo seguro que los comerciantes tarde o temprano acabaron por saberlo (si es que no siempre lo habían conocido) porque después de arribadas a sus almacenes procedían a contar las monedas. Multiplicado por decenas de miles, este real adicional por marco era una lucrativa diferencia a su favor. No había sustento legal para proceder así; simplemente los oficiales de la Casa de Moneda modificaron los términos de la contratación y el peso de la moneda por su cuenta, algo que después los jueces encontraron muy sospechoso y con olor a colusión entre los banqueros de plata y los oficiales. Los acusados se defendieron con una interesante combinación de argumentos.

Por un lado, alegaron que no estaba probado que las monedas que en España se habían hallado faltas de peso y de ley hubiesen sido producidas legalmente en México. Como se recordará, las monedas acuñadas “a martillo” a veces carecían de la señal de la ceca y la marca del ensayador. Así, podían, en principio, ser monedas “peruanas” (de hecho, potosinas), sobre las que siempre pesó la sospecha de defecto. Dijeron asimismo que había numerosos falsificadores en Nueva España, como probaban varias causas judiciales que citaban; por tanto, la moneda embargada podía ser, simplemente, una falsificación de la cual ellos no eran responsables. Argumentaron también que “de tiempo inmemorial” se había hecho la talla en 68 reales, pagándose 66 a los mercaderes; y que los supuestos defectos de peso y ley venían de que los fiscales habían, equivocadamente, contabilizado la talla en 67 reales.

Por otro lado, los oficiales presentaron una defensa enteramente práctica: si no se pagaban 66 reales a los mercaderes de plata, éstos dejarían de tener provecho, cesaría el avío de las minas y la extracción de minerales preciosos se detendría, con gravísimo perjuicio del público y de las arcas del rey. Para probarlo hacían cuentas tales que colocaban a los mercaderes casi como benefactores de la minería, que trabajaban con grandes riesgos y escaso provecho. El pleito dio lugar a extensos alegatos, informaciones y pareceres, tanto de parte del fiscal como de los acusados, que incluso recurrieron a contratar abogados en la corte madrileña y presentar versiones impresas de sus principales alegatos. El total de los autos llegó a tener la enorme cantidad de 4 329 folios.34 Finalmente, muchos años después, el 26 de junio de 1738 la Real Junta de Moneda y Hacienda absolvió a los acusados de algunos cargos, y en otros los condenó a diferentes multas, además de las costas del proceso. Los afectados apelaron y no fue sino hasta el 14 de mayo de 1739 que se dio sentencia “de vista y revista”. En 1741 los oficiales se las arreglaron para pagar lo ordenado y lograron recuperar su libertad y sus bienes.

En honor de D. Nicolás Peinado Valenzuela una de las principales calles de la localidad de Landete y el Colegio Público de Educación Infantil y Primaria de la misma localidad llevan su nombre, siendo un gran desconocido para el público en general en Moya, su pueblo natal.